Por el supuesto tráfico de influencias del coordinador general de Innovación y Desarrollo del Gobierno del Estado, y brazo derecho del gobernador, Herbert Taylor Arthur, La Comisión Especial para el Estudio, Análisis y en su caso Reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, analiza la posibilidad de llamarlo a comparecer.
Por considerar que las reformas realizadas en noviembre del año pasado a la Ley de Pensiones del Estado representa un “negocio de particulares”, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Salvador Arrellano Guzmán, en representación del PRI presentó la iniciativa “para el estudio, análisis y en su caso, reforma” de la citada ley.
Con la iniciativa aprobada, el partido tricolor pretende que se le quiten las atribuciones especiales al titular del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) para administrar las aportaciones de los burócratas y empleados de OPD´s de manera discrecional. “No estamos de acuerdo en que se utilice el dinero de los trabajadores para hacer negocios particulares”, refirió el diputado Salvador Arellano sobre los motivos para modificar la ley que a su parecer se reformó “a quemarropa” durante la pasada legislatura. Luego de las Reformas realizadas el año pasado, el gobierno del Estado pretende invertir los recursos del IPE en un proyecto turístico en Chalacatepec, al que el mandatario Estatal, Emilio González Márquez, denominó “Nuevo Cancún”.
Debido a que no existen garantías de la recuperación de los recursos invertidos, el diputado priísta pretende que se instalen mesas de trabajo y foros para que de ahí surjan las posibles modificaciones a la ley.
No están de acuerdo en que se usen para proyectos de inversión los fondos de los trabajadores.
Guadalajara.- La fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretende que se haga una revisión a la recién aprobada Ley de Pensiones del Estado, para que se corrijan las fallas que han señalado algunos de los trabajadores. Para ello, presentó este mediodía una iniciativa para crear una comisión especial que se encargue del “estudio, análisis y, en su caso, reforma”.
La propuesta fue presentada por el diputado priista Salvador Arellano Guzmán, quien expuso que se incrementó la aportación de los trabajadores, pero éstos “pueden llegar a perder algunas de sus prestaciones básicas, como los servicios médicos”.
Mencionó también que, con los cambios, en caso de fallecimiento del trabajador, su viudo o viuda sólo recibirán lo equivalente a la mitad de su salario. En general, indicó, las modificaciones que se hicieron “redundan en total desprotección” al afiliado.
Arellano Guzmán consideró que parece que los cambios apuntan a beneficiar a algunas personas, por lo que debe precisarse que los fondos de Pensiones no son “un negocio de particulares ni una empresa con fines de lucro”.
Aclaró que su fracción está en contra de que se ponga en riesgo el patrimonio de los trabajadores, invirtiéndolo en proyectos cuyo éxito y beneficio no pueden garantizarse. Además, tampoco aprueban que los bienes del Instituto de Pensiones puedan enajenarse, sólo con la supervisión del Consejo de Administración.
Salvador Arellano representando al PRI
GUADALAJARA, JALISCO .- Debido a las manifestaciones en contra que se han efectuado por las reformas hechas a la Ley de Pensiones del Estado, la fracción tricolor en el Congreso del Estado solicitó la creación de una Comisión Especial que se encargue de revisarlas.
Y en caso de encontrar alguna situación donde se agrega los derechos de los pensionados, se harán las modificaciones necesarias.
Así, se pretende escuchar los diversos actores mediante foros de consulta y análisis, de manera consensuada entre los sindicatos, los trabajadores y ejecutantes de la ley.
En representación de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado local, Salvador Arellano Guzmán, dijo que dentro de las modificaciones que se están haciendo a la Ley de Pensiones, se identifica que aunque aumentaron las contribuciones de los trabajadores, se están perdiendo algunas de las prestaciones básicas, como los servicios médicos.
“Otro aspecto a destacar es el hecho de que en caso de fallecimiento, la viuda o viudo, solamente recibe 50% del salario que recibía el empleado fallecido, lo cual pone en evidencia la desproporción entre las contribuciones de los afiliados y las condiciones que generan las disposiciones de la nueva Ley”, indicó el legislador.
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Salvador Arellano Guzmán
Distrito IV
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